Los candidatos a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa (PSC) (4d), Pere Aragonès (ERC) (4i), Ignacio Garriga (Vox) (3i), Carlos Carrizosa (Cs) (d), Jessica Albiach (Comuns Sumar) (2i), Laia Estrada (CUP) (2d) y Alejandro Fernández (PPC) (i), y el número tres de la candidatura de JxCat, Josep Rull (3d), participan en el debate organizado por TV3 y Catalunya Ràdio

Los candidatos a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa (PSC) (4d), Pere Aragonès (ERC) (4i), Ignacio Garriga (Vox) (3i), Carlos Carrizosa (Cs) (d), Jessica Albiach (Comuns Sumar) (2i), Laia Estrada (CUP) (2d) y Alejandro Fernández (PPC) (i), y el número tres de la candidatura de JxCat, Josep Rull (3d), participan en el debate organizado por TV3 y Catalunya Ràdio

Política

Illa sorprende en el último debate entre candidatos con el anuncio de Parlon y Trapero como responsables de Interior

El líder del PSC nombraría 'consellera' a la alcaldesa de Santa Coloma y ascendería al segundo como director general de Mossos, mientras desde PP, Cs y Vox acusan al dirigente socialista de ser "cómplice" del secesionismo

8 mayo, 2024 00:50

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Salvador Illa nombrará a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, consellera de Interior y restituirá a Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos d'Esquadra en caso de que el PSC llegue a la presidencia de la Generalitat tras las elecciones del próximo domingo. Así lo ha anunciado el dirigente socialista en el debate de TV3 entre los candidatos de los ocho partidos con representación en el Parlament. Una deliberación caracterizada por los reproches mutuos entre PSC, ERC y Junts por la gestión de los sucesivos gobiernos de Cataluña, mientras desde PP, Cs y Vox han acusado a Illa de ser “cómplice” del secesionismo por sus acuerdos con republicanos y posconvergentes.

Illa ha anunciado las dos incorporaciones de su hipotético Govern en Interior destacando la importancia de la política de seguridad, y ha lamentando que Cataluña registre en la actualidad "los peores índices" en este ámbito.

Trapero, mayor durante el referéndum ilegal del 1-O

El candidato socialista ha elogiado a Parlon por, según sus palabras, sus "excelentes políticas de seguridad" en Santa Coloma. Y considera que estos nombramientos permitirían revertir la situación.

Trapero estuvo al frente de los Mossos en 2017 y lideró como mayor el dispositivo policial para tratar de impedir el referéndum ilegal secesionista del 1-O, sin éxito, por lo que acabó siendo destituido al aplicarse el artículo 155 de la Constitución, juzgado por sedición y finalmente absuelto. En la actualidad, es mayor de Mossos, con menos poder que entonces.

La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, en una imagen de archivo

La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, en una imagen de archivo PSC

Críticas a los secesionistas por su mala gestión de la sequía

Al margen del anuncio de Illa, el modelo de financiación, la sequía y la lengua catalana fueron tres de los asuntos que polarizaron el debate de la televisión autonómica.

En el bloque sobre la grave crisis hídrica de Cataluña, el candidato de ERC, Pere Aragonès, ha presumido de haber relajado las restricciones de agua en la región, a falta de apenas cinco días de las elecciones.

En cambio, el resto de candidatos han acusado al todavía presidente de la Generalitat por su mala gestión en esta materia. Una crítica que desde PP, Ciutadans (Cs) y Vox, sus candidatos Alejandro Fernández, Carlos Carrizosa e Ignacio Garriga han hecho extensiva a los sucesivos gobiernos de Junts y ERC -incluso al tripartito del PSC-, a los que han acusado de haber abandonado cuestiones prioritarias como las inversiones y el mantenimiento de las infraestructuras hídrica al centrar todas sus atenciones en el procés secesionista.

Mientras, desde Comuns Sumar y la CUP, sus candidatas, Jéssica Albiach y Laia Estrada, también han atribuido parte del problema a la masificación turística y la apuesta de PSC, Junts y ERC por proyectos como el macrocomplejo Hard Rock de Tarragona o la ampliación del aeropuerto de El Prat, a su juicio perjudiciales en la lucha contra el cambio climático.

ERC, Junts, comuns y PSC quieren mayor financiación

En el segundo bloque, dedicado a la financiación autonómica y relación entre Cataluña y el resto de España, Aragonès y Albiach han coincidido en sus discursos nacionalistas defendiendo las cesiones del Gobierno a los mandatarios del procés en forma de indultos, la derogación del delito de sedición y, ahora, la amnistía. 

Según Albiach, esto supone "una victoria de Cataluña", por lo que ahora los comuns se marcan otros objetivos de corte identitario tales como el "reconocimiento de Cataluña como nación", la "reforma" de una financiación que ven "injusta" y el traspaso a la Generalitat de infraestructuras estratégicas del Estado como puertos y aeropuertos, además de nuevas medidas para extender la lengua catalana.

Aragonès y el número tres de Junts, Josep Rull, han insistido en su exigencia de llevar a cabo un referéndum de "autodeterminación" pactado con el Gobierno, algo para lo cual Rull apelado a la "unidad" de los partidos secesionistas-.

Illa, por su parte, ha puesto el acento en la financiación insistiendo en su propuesta de crear un consorcio tributario compartido por la Generalitat y el Estado central contemplado en el Estatut, y ha apuntado que Cataluña aporta más dinero del que recibe al conjunto de España, algo que Albiach ha enfatizado.

PP y Cs acusan a Illa de "mentir"

Por su parte, desde PP y Ciutadans han acusado a Illa de "mentir" en cuestiones como la amnistía del procés -que antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio rechazaba por inconstitucional- y por, según Carrizosa, "hacer circular el bulo de que el procés se ha acabado". "Algo que no es así, como estamos viendo, porque ahora le piden el referéndum", ha advertido.

El popular Fernández, a su vez, ha acusado a Aragonès y Rull de haber hecho del procés un "negocio", mientras que Garriga (Vox) ha acusado a Illa de "poner la alfombra roja" al independentismo, a su juicio.

Independentistas y comuns exigen más catalán

El tercer bloque, dedicado a lengua y cultura catalanas, también ha evidenciado las diferencias entre unos y otros.

Illa (PSC) ha empezado elogiando la labor de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga (ERC), y, pese a defender sacar el catalán de la pugna partidista, ha "aceptado" la propuesta del posconvergente Rull de buscar "consenso" en cuestiones lingüísticas, al cual ha dicho que le gustaría que se sumara el PP. 

Desde Comuns Sumar, el discurso de Albiach ha sido en este punto prácticamente indistinguible de de formaciones como ERC, Junts y la CUP, declarándose ferviente "defensora de la inmersión", pese a que ella no fue escolarizada en la misma. Según ha dicho, "en Valencia sufrí el ataque a la lengua del PP". "Defiendo la unidad de la lengua. Dejemos la escuela y la inmersión tranquila", ha añadido, para acto seguido calificar de "excelente noticia retirar el premio a la tauromaquia”.

En cambio, desde PP, Ciutadans y Vox han denunciado la exclusión del castellano como lengua también vehicular en el sistema educativo de Cataluña. Y han atribuido a imposiciones como esta, y otras como la rotulación, o también el señalamiento y acoso a trabajadores castellanohablantes por parte de radicales según Carrizosa, el supuesto descenso del uso del catalán, según datos del CEO de la Generalitat.

Críticas a la okupación y los pésimos resultados educativos

Entre los asuntos que han centrado la atención en el apartado de políticas sociales han destacado algunos como la dificultad de acceso a la vivienda -y el problema de la okupación, por el cual han mostrado una especial preocupación PP, Cs, Vox y Junts-, las listas de espera sanitarias o los pésimos resultados del sistema educativo de Cataluña, a la cola de Europa según los últimos resultados del informe PISA.

Desde ERC y Junts han atribuido parte de estos problemas a la supuesta infrafinanciación de Cataluña por parte del Estado. En este sentido, el candidato de ERC y presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha vuelto a recurrir al mantra nacionalista del presunto "espolio" y "déficit fiscal", que ha cifrado en 22.000 millones de euros anuales, según sus cálculos.